El Derecho Ambiental Internacional cuenta con leyes, decretos y regulaciones de aplicación obligatoria y otra de cumplimiento voluntario, llamadas "leyes blandas", representadas por los procesos de normalización y estandarización industrial.

Las normas de cumplimiento obligatorio, generalmente, son más costosas que las que se adoptan en forma voluntaria. Cuando el control de las leyes y reglamentaciones existentes depende de organismos estatales, el incentivo principal para su incorporación es la penalización por medio de multas, porque las empresas no perciben un beneficio económico concreto. Sin embargo, la reducción de desperdicios, el ahorro energético y de agua, el reciclado de productos, la reducción de costos por la disposición final de desechos, son algunas de las ventajas de la implementación de un sistema de gestión ambiental. Las compañías internacionales cumplen con las normativas ambientales de sus casas matrices que son, generalmente, más estrictas que las exigencias locales.

Los sistemas de aseguramiento de la calidad constituyen herramientas que facilitan el comercio de bienes entre distintos países porque brindan confianza al cliente respecto del cumplimiento de los requisitos especificados y previenen defectos a través de la planificación y el monitoreo continuo de los procesos.

ISO es una organización internacional fundada en 1946 con el propósito de promover el desarrollo de normas internacionales que permitan el intercambio mundial de bienes y servicios. Cuenta con la adhesión de los organismos normalizadores de los distintos países -en la Argentina IRAM- conformando una entidad de reconocimiento internacional.

El Grupo Mercado Común del MERCOSUR, mediante la Resolución GMC Nº 19/92, recomendó el uso de los sistemas de certificación desarrollados por ISO.

La serie de normas ISO más conocida es la 9000 que brinda los lineamientos a seguir para el aseguramiento de la calidad, estableciendo modelos destinados a organizaciones genéricas, aplicables en empresa productoras de alimentos y servicios del sector agroindustrial.

En 1993, comenzaron a desarrollarse los estándares ISO de manejo ambiental para las compañías dedicadas al comercio internacional con el objetivo de garantizar la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable prescindiendo de las diferencias de país, región o legislación donde se radicaran las firmas. Esto posibilitó que clientes y consumidores accedieran a códigos de certificación comparables en cualquier parte del mundo.

Las ISO 9000 y 14000 difieren en aspectos concretos:

Desarrollo de las normas ISO 14001

En la actualidad, el sector agroalimentario requiere estructuras de producción flexibles para adecuarse a los continuos cambios y exigencias del mercado. La búsqueda de ventajas competitivas está llevando a la adopción de nuevos conceptos de calidad. La aplicación de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), HACCP (Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control) y la certificación de normas ISO apuntan a elevar los propios niveles de negociación tanto en el mercado local como en el internacional.

Para las empresas del sector agroalimentario, la secuencia para la aplicación de las normas se fundamenta en asegurar, en primera instancia, las condiciones higiénico-sanitarias y la inocuidad de los alimentos y, luego, la gestión de calidad y ambiental.

Las ISO 14000 apuntan a los siguientes objetivos:

• Implementar y mantener un sistema de gestión ambiental

• Certificar el sistema mediante un auditor independiente

• Elaborar una política pública respecto de la gestión ambiental

• Asegurar el cumplimiento de los objetivos previstos en la política ambiental.

• Demostrar a terceros dicho cumplimiento.

La serie ISO 14000 puede ser utilizada por empresas de todos los tamaños y tipos, en todas partes del mundo. Su adopción obliga a las compañías a afectar al tema ambiental una estructura específica que debe adaptarse sobre la estructura productiva y no en forma separada.

En nuestro país, varios organismos brindan asesoramiento en el tema: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Comité de Gestión Ambiental que Coordina el Instituto Argentino de Normalización (IRAM).

La norma ISO 14001 incluye el compromiso de cumplir con las normas legales vigentes. Nuestro país cuenta con la Ley Nacional N° 24051 de Residuos Peligrosos -Decreto Reglamentario Nº 83l /93- y la provincia de Buenos Aires, con la Ley N° 11459 de Certificación de Aptitud Ambiental -Decreto Reglamentario N° 1741/96-.

El Decreto N° 1741/96 de la provincia de Buenos Aires clasifica los establecimientos industriales, incluidos los agroalimentarios, en tres categorías de acuerdo con su nivel de complejidad o magnitud de impacto ambiental. Los municipios provinciales pueden emitir los certificados de aptitud ambiental de plantas de I y II categorías, reservándose a la Secretaría de Política Ambiental la facultad de otorgar las certificaciones de establecimientos de la III categoría.

Antes de iniciar una certificación de calidad internacional, es necesario realizar una auditoría ambiental que permita conocer el manejo de los efluentes y la situación de la empresa frente a las normas ambientales de cumplimiento obligatorio, ya sean nacionales, provinciales y/o municipales.

El costo de esta auditoría varía de acuerdo a la actividad aumentando en las de mayor peligrosidad para el medio ambiente como, por ejemplo, los frigoríficos.

La auditoría permite adecuar la planta a la legislación vigente y luego obtener la certificación de gestión ambiental. Las inversiones que se realicen podrán generar una disminución de los costos de operación, como consecuencia de la optimización en la utilización de recursos.

Para comparar el impacto que ocasiona una industria sobre el medio ambiente se ha desarrollado el concepto de población equivalente. Este índice relaciona el impacto ambiental de una industria con la carga contaminante de los desechos cloacales de una población de determinado número de habitantes:

Un matadero de cerdos, incluyendo la elaboración de embutidos, con una descarga de efluentes de 5000 m³/día tiene un impacto ambiental equivalente a una población de 300.000 habitantes.

Una industria láctea pequeña, incluyendo la fabricación de quesos, con una descarga de efluentes de 600 m³/día produce una contaminación comparable a la de 36.000 personas.

El dato de población equivalente también puede referirse a una unidad de producción determinada. De esta manera, se puede expresar, por ejemplo, la contaminación generada por cada vacuno faenado en un matadero.

Si bien este índice permite medir el grado de contaminación de una industria, no brinda información sobre la complejidad del tratamiento a efectuar, que dependerá de múltiples factores asociados al tipo y tamaño de empresa y a la composición de los efluentes generados

La inversión necesaria, para industrias de la categoría II, se puede estimar del siguiente modo:

Plantas pequeñas: de $200 a $300 mil

Plantas medianas: de $700 a $800 mil

Plantas grandes: de $1,5 a $ 2 millones

Certificar ISO incluye el costo de implementación y el correspondiente a la certificación. La implementación en una Pyme demanda alrededor de 12 a 18 meses, con un costo mensual de $1500.

El costo de la certificación responde al valor del día/auditor, y es de aproximadamente $1000. La certificación para una empresa mediana, de 60 a 100 personas, promedia los $ 5500, más los honorarios correspondientes a la auditoría semestral.

A modo de ejemplo, se utiliza el costo de certificación para tres industrias, una de cada categoría: